Violencia en Guerrero, por pacto de  silencio para borrar caso Ayotzinapa

Violencia en Guerrero, por pacto de  silencio para borrar caso Ayotzinapa

 

Quadratín
CDMX 
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, sostuvo que aún se tienen reuniones y formas de comunicación con las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala desde septiembre de 2014.  
En su participación en la conferencia matutina en el Palacio Nacional, el funcionario federal precisó que el último encuentro fue el lunes pasado y la siguiente será próxima semana donde hay un acuerdo con el fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo para hacer una evaluación de cómo va el proceso de judicialización. 
 En presencia del Presidente de la República, pidió que se debe de entender que el problema de violencia en esa región del estado de Guerrero, particularmente de Iguala y Tierra Caliente, tiene que ver con los ajustes de cuentas o el pacto de silencio para borrar toda huella del caso Ayotzinapa, además de la recomposición de los grupos delictivos como la división de Guerreros Unidos con La Bandera. 
Además, la intromisión en la zona de otros cárteles como el de Jalisco Nueva Generación o el conflicto en Tlacotepec y otros lugares que afectan y generan mayor tensión. 
 “En todos los casos se atiende, se da seguimiento y se continuan las labores de búsqueda todos los días”, aseguró al referir que en su oportunidad darán cuentas una vez que haya resultados.  
“Estamos atendiendo toda la información, aparezcan en mantas o no aparezcan”, comentó respecto de las personas que estaban evadidas de la ley y que en las últimas semanas ha habido algunos asesinatos de éstas. 
El Gobierno mexicano reconoció este jueves el asesinato de al menos ocho personas vinculadas a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
A pregunta expresa, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, validó que el 23 de julio un abogado de las familias informó de la muerte de seis sospechosos y que el 2 de agosto ejecutaron a Moisés Brito “El Bandam”, del cártel Guerreros Unidos, además de notificar un asesinato adicional.
“Estamos haciendo un seguimiento efectivamente de estas personas que estaban evadidas de la ley y que en las últimas semanas ha habido algunas ejecuciones, por supuesto el caso del Bandam, el que tú has señalado, (y) al día siguiente su brazo derecho, que es una de las gentes que estaban operando también en los hechos de la desaparición”, respondió.
Los hechos ocurren cuando están por cumplirse siete años, el próximo 26 de septiembre, de la desaparición de los 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero.
La administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) promovió la “verdad histórica” que señalaba que policías corruptos en Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los mató e incineró en un basurero de Cocula.
Pero el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reabrió la investigación en 2018 y derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, alejada del basurero.
Sin embargo, el mandatario reconoció este jueves que encontrar a los estudiantes es uno de dos compromisos que, según él, le falta cumplir.
“Puede haber estas agresiones, pero nosotros no nos vamos a detener para nada porque queremos entregar buenos resultados, y no nos desanimamos”, expresó en referencia a las ejecuciones de los sospechosos.
El proceso se ha complicado porque funcionarios del anterior Gobierno están acusados de cometer irregularidades y torturar a los acusados de Ayotzinapa.
El Gobierno busca extraditar de Israel a Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, quien llevó el caso y está acusado de irregularidades en el caso de Ayotzinapa.
También se ha entorpecido la indagatoria porque jueces han liberado a los detenidos por las irregularidades de las autoridades.
Ahora, el Subsecretario Encinas reconoció una situación de violencia en Guerrero relacionada con Ayotzinapa y con la intromisión de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“El problema de la violencia en esta región del estado de Guerrero, particularmente de Iguala y Tierra Caliente, tiene que ver no solamente con este ajuste de cuentas o este pacto de silencio para borrar toda huella en el caso de Ayotzinapa, sino también la recomposición de los grupos”, señaló.