Aborto en mujeres pobres  pone en mayor riesgo su vida

Aborto en mujeres pobres  pone en mayor riesgo su vida

 

** Revela el estudio "La regulación de los Derechos Sexuales y Reproductivos en la Legislación Mexicana: Criterios para la prevención y atención de la Violencia contra las Mujeres, e los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca"


Josefina Aguilar Pastor y Tania Nereida Catalán 
Chilpancingo, Gro.

En Guerrero, mientras más pobre es una mujer que se practica un aborto, más riesgo tiene de morir en esa intervención, por la forma en que se produce, donde además prevalece la objeción de conciencia, cuestiones morales del personal de salud, falta de capacitación para médicos y enfermeras para la aplicación de la norma 046;  falta de atención a la violencia sexual; estigmatización social, incluso del sector educativo; no considerar al aborto como un problema de salud, así como la falta de estadísticas y registros, reveló el estudio "La regulación de los Derechos Sexuales y Reproductivos en la Legislación Mexicana: Criterios para la prevención y atención de la Violencia contra las Mujeres, e los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca".

El informe de dicha investigación, fue presentado por  Paloma Bonfil Sánchez, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a iniciativa de la organización Obvio–Guerrero, en un evento realizado en el Congreso del Estado-,  quien compartió que esta investigación, la realizó de manera conjunta con Lina Rosa Berrío, Paola Sesia, CIESAS-Pacifico Sur de Oaxaca, y Daniela Díaz Echeverría; consiste en verificar la aplicación de la norma 046 que prevé la atención en servicios de salud, para el  aborto legal en caso de violación, en los Estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde se concentra no solo la mayor densidad de población indígena en el país, sino ambientan serie de escenarios de violencia combinados. 

De los tres estados estudiados, encontraron que en Guerrero, está más restringida la aplicación de la norma 046 y la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; el aborto no es visto como un problema de salud pública, el ejercicio del derecho a tener una interrupción legal del embarazo en caso de violación o de amenaza en contra de la salud y vida de la madre, pasa primero por una serie de consideraciones personales y subjetivas de valoración y prejuicios morales y personales, no solo en el personal del sector salud, sino también de procuración de justicia incluso educativo, antes de verse como un problema de salud.

Las tres entidades tienen legalizada la interrupción del embarazo en caso de violación, pero los casos reportados para el año 2017, son ridículamente bajos, calificó la investigadora, lo que habla de varias cosas, como un sub registro, poca denuncia, así como de todo un problema paralelo a los servicios con los que atienden los casos de  aborto y las violaciones que no se registran y desde luego que no se castigan.

Menciono casos paradigmáticos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los que se estableció que los servicios estatales de salud, no habían cumplido con la obligación de aplicar esta norma. Uno es al caso Fernanda en 2018, en el hospital de Oaxaca, Marimar en hospital general de Cuernavaca; Adriana en el 2014, en Guerrero, un caso de una mujer indígena Mephaa, liberada luego de una primera condena de 8 años y luego a 27 años de encarcelamiento por un aborto espontaneo.

A partir de estas situaciones, constataron que en la aplicación de la norma 046, si hay un impacto directo en las llamadas legislaciones restrictivas, con las que  el parámetro para los criterios personales y discrecionales se abre muchísimo y el ejercicio de ese derecho para una víctima de violación embarazada, se restringe sobre manera.

De acuerdo a este estudio, encontraron que en Guerrero, hay muy poca respuesta y un gran vacío en a información muchos de los ítems, eran cuestionarios grandes, de 96 preguntas sobre infraestructura, personal, presupuesto, abasto de medicamentos, condiciones de infraestructura, conocimiento de la norma, cantidad de usuarias, tipo de medidas tomadas, vinculación con el sector de procuración de justicia, si había habido denuncia del sector salud al ministerio público por caso de violación, entre otras.

“Nos contestaron muy poco, eso ya en si nos da la idea de cómo están operando los servicios, que no tienen el registro,  no tienen quien responda esa información o que no saben, lo menos atendido en esta información fue el tratamiento en caso de violencia sexual  hay muy poca información y registro en los servicios de salud, la entrega o ministración de la anticoncepción  de emergencia, la prestación del servicio de interrupción legal del embarazo, y los presupuestos, en eso fue muy difícil encontrar información por no decir que casi no tuvimos”, expuso Bonfil Sánchez.

En cuanto al personal de salud, a pesar que de que se ha dicho ha habido mucha capacitación sobre la aplicación de la norma 046, mucha gente no sabe que existe, no sabe cómo aplicarla y en muchos casos, en los servidores de salud hay mucho temor para hacerlo, porque piensan que pueden ser sujetos a sanción. Confirmaron que donde si se aplica, es en aquellos lugares donde hay presencia de la sociedad civil organizada, organizaciones de mujeres que están viendo que se aplique la norma, dan acompañamiento una víctima, participan en todo  el proceso con ella, las organizaciones por los derechos de las mujeres, son las que están haciendo valer estos mecanismo, que la institucionalidad al menos en el sector salud, no hacen, afirmo la investigadora.

En los tres estados investigados, encontraron una baja incidencia de episodios de violencia; en Oaxaca en un hospital general,  de 2 mil 200 mujeres que llegaron al área de cuidados de emergencia, solo 3 se catalogaron como violencia; en Guerrero, fueron mil 110 atendidas en el Seguro Social, en Chiapas, de  117 casos de violencia atendidos en el IMSS prospera. De estos, en las tres entidades, en el año 2017, como casos atendidos como violencia sexual, solo fueron 285 en un año.

En cuanto a población indígena en embarazos adolescentes y tempranos, la poca información disponible demostró  que a mayor índice de pobreza, mayor complicación de embarazos y por lo tanto mayor necesidad potencial de la aplicación de la norma, el 26 por ciento de los abortos que se practican entre mujeres del medio urbano no pobres, mientras que entre mujeres rurales pobres, la posibilidad llega a ser hasta del 45 por ciento, lo que habla dijo la ponente, de la brecha de atención que  existe para la población menos informada menos atendida y más vulnerable, también constataron s que hay una estrecha relación entre el riesgo por un aborto clandestino y los medios económicos, es decir el aborto existe en México, las mujeres de todos los sectores en algún momento recurren a él, y mientras más pobre es una mujer que lo practica, más riesgo tiene de morir en esa intervención, por la forma en que se produce.

Respecto a la población indígena, el hospital de Chilapa, es el único que registro tener una traductora en tlapaneco, en el resto de los servicios de salud en los Estados; hay personal indígena que hablaba la lengua, pero no está capacitado en la norma 046, ni en las áreas de atención a víctimas de violencia; en el hospital Raymundo Abarca en Chilpancingo, se atendieron en 2017, mil 110 casos de violencia familiar y sexual, mil 07 para violencia familiar, y 103 de violencia sexual, ninguno de esos fue turnado a procuración de justicia, en la delegación estatal del IMSS encontraron que es donde más se administraban los mecanismos de anticoncepción de emergencia, usuarias pedirán atención en enfermedades de transmisión sexual y de emergencia, el IMSS prospera declaro que si tenía desde el 2016, un plan específico para aplicar la norma 046, con el siguiente indicador, casos de detección de violencia, para 2017 una meta de 789 casos de atención y de atendieron 577.
Tras una extensa explicación de más de tres horas y media, la investigación concluye que las instancias de salud de las tres entidades federativas no tienen sistemas del registro del número, edad o condición de pertenencia étnica de las víctimas de violencia sexual y violación que atendieron, tampoco si recibieron anticoncepción de emergencia o medicamentos para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS), ni existe documentación sobre el número de casos de violación que resultaron en embarazos no deseados y en los que se pudo ofrecer a las mujeres la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)  en los términos que lo establece la NOM 046, sin denuncia y sólo con la presencia de un tutor en el caso de las menores de 12 años de edad.

Por tanto, la petición puntual fue pedirle al Congreso del Estado “estudiar, revisar y reformar la legislación relacionada a la interrupción legal del embarazo por causal excluyente de violación, en específico el artículo 159 del Código Penal del Estado, fracción I, con relación a La Ley General de Víctimas, la NOM-046 y el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que garantice el acceso de las mujeres a la Interrupción Legal del Embarazo de manera segura”.

Se pidió a las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado “Fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género en el estado de Guerrero. En particular, las vertientes de prevención por violencia sexual, embarazos no deseados, VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), prevención del suicidio; en la vertiente de atención para la violencia sexual (tratamiento especializado médico, kit profiláctico, tratamiento psicológico especializado para la violencia extrema, psicológico y psiquiátrico), teniendo como uno de los indicadores de cumplimiento, la elaboración e implementación de una guía de atención a solicitudes de Interrupción Legal del Embarazo.

A la Fiscalía General de Guerrero se le solicita “Fortalecer la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual, reorientar recursos económicos y materiales para la mejor operación de la fiscalía especializada con el fin de contribuir a la atención de mujeres víctimas de violencia sexual. Capacitación en la NOM-046, desde el marco de los derechos humanos, con enfoque de género y multicultural, de las y los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia encargados de atender a mujeres víctimas de violencia sexual, revisión y seguimiento de las carpetas de investigación (en proceso) de casos de mujeres consignadas por el delito de aborto en la entidad”.

Y a la Secretaría de la Mujer en el estado de Guerrero, Comunicación Social del Estado de Guerrero y Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del estado de Guerrero “impulsar una campaña de comunicación social que difunda entre la población el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el acceso a la ILE como un derecho a la salud y la prevención del abuso sexual infantil en el ámbito familiar. Dicha campaña deberá tener un enfoque multicultural y utilizar medios de difusión pertinentes para la población indígena y afromexicana. Cuyos contenidos incluyan información de las instancias de atención a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y se visibilice la responsabilidad y sanción para el agresor”.

Por todo esto, las defensoras de los derechos de las mujeres piden a las autoridades actúen de manera urgente para garantizar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, toda vez que faltan menos de dos meses, para que la Secretaría de Gobernación declare o no la segunda Alerta de Violencia de Género para el estado, por lo que desde Obvio Guerrero, organización peticionaria de la Declaratoria de Alerta de Género por Agravio Comparado se ha iniciado la campaña #LoQueTienenQueHacer