Los políticos de la 4ª. T



FERNANDO HINTERHOLZER DIESTEL 

“La política no es el arte de lo deseable, sino de lo posible” dicen los clásicos politólogos. Pero este es el punto de quiebra de los políticos mexicanos, nadie escapa a los efectos de su actividad porque está plagada de decisiones y a veces de imponderables que no pueden ser ni calculados ni anticipados. La percepción que tenemos hoy día como sociedad civil sobre él desempeño y el futuro del país es bastante incierto y preocupante y peor aún es el papel que juegan los actores políticos (diputados, senadores, gobernadores), que con sus acciones denostan la función pública y provocan un desprecio y desdén a las actividades públicas que realizan. 
El equilibrio entre justicia y política es uno de los asuntos más complicados. En los sistemas autoritarios, el dilema justicia-política no existe. La justicia está subordinada a la política. En los sistemas democráticos, al menos en teoría, sucede precisamente lo contrario: la política está supeditada a la justicia. En México, como en la mayoría de los países de América Latina, se transitó exitosamente a la democracia electoral, pero no a la justicia. Ni a la distributiva que brinda oportunidades relativamente iguales a sus ciudadanos ni tampoco a la justicia a seca impartida por ministros “dinereros” en general.
La incipiente democracia a la mexicana, arrastra una cantidad de defectos casi insuperables, ahora no nos gobiernan más los conservadores fifís, pero tampoco nos gobiernan los mejores cuadros de la función pública. “El estado de salud de la democracia en México coincide con el concepto aristotélico de demagogia”: la forma corrupta o degenerada de la democracia. Desde la masacre de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, se despertaron los viejos fantasmas de la discordia y la desestabilización sacudiendo a las instituciones,  sembrando la semilla de la anarquía y la confusión. Estamos concluyendo 2019 con un amargo sabor a odio y desconfianza en la sociedad. La estridencia de las redes sociales, el hartazgo manifiesto de marchas,  con pintas y casetas de cobro tomadas, han ocupado los espacios mediáticos, generando nerviosismo y gran preocupación sobre el futuro político y económico del 2021, año donde se disputarán el congreso federal (500 diputados) y nueve gubernaturas.
Casi todos los días, observamos como las movilizaciones sociales dejaron de ser recursos políticos de demanda, de ejercicio legítimo del derecho de expresión y manifestación, o de rechazo en contra de las acciones del gobierno. Pretenden ahora ser actos justicieros. No es difícil identificar que existen grupos perfectamente organizados y encubiertos detrás de las marchas que realiza una ciudadanía agraviada por la violación de los derechos humanos, la impunidad y la grave corrupción Las actuales estrategias de manifestación de los taxistas en contra de las aplicaciones; la actuación de los normalistas de Teneria del Edo de México, secuestrando 92 autobuses con todo y choferes; los anarquistas en el DF, los arrabaleros diputados insultando vejando a sus pares femeninas en el H. Congreso de la Unión, no tienen como objetivo resolver los problemas sociales ni las peticiones ciudadanas, sino por el contrario: causar la mayor alteración posible a la vida cotidiana, con la intención de demostrar la falta de operatividad del gobierno en la atención y solución de los problemas sociales. 
Hay que recalcarle al Gobierno Federal, que la tolerancia a la alteración del orden público no puede ser ilimitada. Las exigencias sociales no deben utilizar métodos de presión violentos e ilegales. La desobediencia civil de un grupo no debe convertirse en una imposición tiránica en contra de la mayoría. Las respuestas de la 4ª T han sido tibias y erróneas. Como ciudadanos, todos sabemos que la libertad es un conjunto de derechos y deberes definidos por las leyes e instituciones. Pero, como lo indica la teoría, cuando la libertad se excede, surgen el libertinaje y la anarquía. Y cuando estas prácticas se exacerban, la ciudadanía reclama al gobierno el uso de la fuerza pública y el sometimiento y castigo de quienes rompen la paz social.
Solía decir un jurista muy connotado, Raúl Cervantes Ahumada, que la impunidad tiene tres efectos: primero, quien comete un acto ilícito y no recibe el castigo no duda en repetir su acción; segundo, quien observa un ilícito no sancionado tiende a imitar ese hecho, y el más grave es el tercero, pues las víctimas de los ilícitos no castigados recurren a hacerse justicia por propia mano. Ya me he ocupado en este mismo espacio de abordar el tercer efecto, al advertir la gravedad que implica para la sociedad que las víctimas decidan tomar la justicia por propia mano, debido a la inacción de las autoridades. 

El meollo del asunto es que la impunidad, entendida como la falta de castigo ante la comisión de un ilícito, es, sin duda, uno de los factores determinantes que explican la crisis de inseguridad, violencia y corrupción por la que atraviesa nuestro país. Y es que algunas personas, al constatar que es posible quebrantar la ley sin ningún castigo, encuentran en ello un aliciente para también violar las normas. Las recomendaciones de AMLO a los delincuentes seguramente les causan risa y mayor entusiasmo para continuar con sus ilícitos, viva la impunidad dirían los sicarios.
En otro orden de ideas, como la cultura logra empujar a la sociedad a otros planos, y es que fue relevante la participación de los artistas, tlacololeros, bandas de música tradicional y la Filarmónica de Acapulco, guerrerenses en el Festival Cervantino en Guanajuato
Adenddum: este domingo pasado atacaron las asambleas de Morena para elegir a su nueva dirigencia, hubo baleados, golpeados, robo de urnas al más puro estilo hamponsezco, ojala que el Tlatoani mayor no se le ocurra decir que los conservadores, los del PRIAN o provocadores ajenos a su partido fueron los responsables.  
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