Libres


Aarón Pliego 
La integración de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) a la evidencia de que muchas de las declaraciones sobre el asunto fueron sacadas bajo tortura establecieron  y señalaron errores jurídicos por parte de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), que están abriendo las puertas de la cárcel  a muchos de los involucrados en la desaparición de 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014.
La integración de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador,  la incorporación  del Grupo de Asesoría Técnica (GAT) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); así como la incorporación de la colombiana Ángela Buitrago y el chileno Francisco Cox a las pesquisas sobre los hechos ocurridos en Iguala, plantearon  de facto una reposición  de la investigación del caso de los normalistas.
La denuncia y condena de la CNDH de la práctica de la tortura  como método de investigación para conocer sobre los hechos ocurridos en Iguala en Septiembre de 2014, luego de la aparición  de un video en el que se aprecia la tortura por parte de presuntas autoridades en contra de Carlos Canto Salgado, relacionado con el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, fue un punto de quiebre para demostrar vicios, errores y pifias en la investigación que echan  por tierra el proceso legal.
Desde el inicio del proceso el caso se contaminó, cuando Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República, presentó una increíble  Verdad Histórica y  luego  el Grupo de Expertos Internacionales evidenció el montaje   realizado por Tomás Zerón de Lucio, para  comprobar que algunos de los 43 fueron cremados en el Rio San Juan de Cocula. Las pesquisas se viciaron  y ello hizo endebles las acusaciones.
La semana pasada, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Tamaulipas, ordenó la liberación de Gildardo López Astudillo, alias 'El Gil', y otros tres presuntos miembros del grupo delincuencial Guerreros Unidos, quienes estaban siendo procesados por su posible vinculación con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
El juez desestimó 81 de las pruebas que había presentado la Fiscalía, por considerar que se recabaron de forma ilegal, es decir bajo tortura y otras por detenciones arbitrarias. Con la evidencia, el juez consideró  que no había pruebas para condenar al presunto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos.
De hecho, una acusación de secuestro era el último de los dos delitos que lo mantenían en prisión, pues en junio del año pasado, otro juez ya desestimó el proceso de delincuencia organizada en su contra, al desecharse, las puertas de la prisión de abrieron.  
El sábado, El Cabo Gil salió de la cárcel del Altiplano, en Estado de México. 
Cuando fue detenido, en septiembre de 2015, la Fiscalía señaló que López Astudillo era uno de los principales sospechosos de la desaparición de los 43.
La falta de un debido proceso en el caso Ayotzinapa, si consideramos el antecedente del juicio contra Florence Cassez , está a punto de dejar en libertad a los presuntos autores materiales e intelectuales del caso y algo más grave dejar en la impunidad una de las masacres más dramáticas de los últimos años. Un desenlace indignante.
Pero si los presuntos autores pueden estar libres por errores y pifias legales, quienes estuvieron al frente de la investigación  y cometieron delitos  como la tortura, omisiones e irregularidades en las pesquisas, deberán, si hay justicia,  estar cerca de prisión como es el caso  de  Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal y el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.