Debe investigarse la infiltración del narco en Ayotzinapa, sugiere Iñaki Blanco 

Debe investigarse la infiltración del narco en Ayotzinapa, sugiere Iñaki Blanco 


Rosario García Orozco
Chilpancingo, Gro.
El ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Iñaki Blanco Cabrera, aseguró que dicha instancia no tuvo conocimiento de la infiltración del crimen organizado en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, pero consideró que esa nueva revelación debe ser investigada por la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República (FGR).

Lo anterior luego de que el pasado 13 de septiembre, la Coordinación Nacional de Egresados de Ayotzinapa (CNEA) emitió un posicionamiento público respecto a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

En ese documento exigieron que los dirigentes estudiantiles de ese año expliquen por qué llevaron a sus compañeros de primer semestre hasta el municipio de Iguala a tomar autobuses y por qué planificaron esa acción durante la noche. 

Por su parte, el sobreviviente del Caso Ayotzinapa y ex drigente estudiantil Omar García reconoció en una publicación en Facebook que la delincuencia organizada se infiltró en la Normal Rural, y que al interior de ese plantel se vendía marihuana y cocaína y que también hubo la irrupción de estudiantes y sicarios armados.

Iñaki Blanco Cabrera, quien fue procurador de justicia en Guerrero insistió en que no tuvo conocimiento de la irrupción e infiltración de la delincuencia organizada en Ayotzinapa, “esto recién se está dando a conocer, no son aspectos que hubiesen trascendido en aquel entonces", aseguró.

Pero reconoció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación en 2018, en cuyas conclusiones sí se plantea la infiltración delictiva en la normal rural. 

Consultado vía telefónica, Iñaki Blanco dijo que tenían conocimiento de que los normalistas “habían acudido a Iguala ante la imposibilidad de apoderarse de algunas unidades de transporte público en la ciudad de Chilpancingo", y que los autobuses serían utilizados para acudir a la Ciudad de México a participar en los actos conmemorativos del 02 de octubre.

Aunque reconoció que "no quedó del todo claro por qué los normalistas incursionaron en una localidad en la que normalmente no operaban".

El ex procurador mencionó que, a seis años de los hechos de Iguala, "ya no existe la unidad que existió durante mucho tiempo entre los egresados", situación que ha permitido que surja nueva información que en su momento mantuvieron oculta.

Consideró que no se trata de “información menor”, sino que se está aludiendo a posibles vínculos (criminales), a la infiltración del narcotráfico en la escuela; “ese es un aspecto que no podemos dar por sentado, pero que debe ser investigado profundamente para conocer si eso influyó o no en lo ocurrido la noche del 26 y primeras horas del 27 de septiembre de 2014".

Asimismo, consideró que debe investigarse cuál fue el destino de los ex dirigentes estudiantiles que llevaron a sus compañeros a Iguala, ya que por lo menos uno de ellos hoy ocupa un cargo en el gobierno federal, el cual le fue concedido desde el periodo de Enrique Peña Nieto. 

Del mismo modo sostuvo que existe plena claridad y sustento en cuanto a la autoría material e intelectual del Caso Ayotzinapa, la cual recae en el grupo delictivo Guerreros Unidos en colusión con "instancias de gobierno que estaban a su servicio, particularmente las policías municipales" de Iguala, Huitzuco y Cocula, así como de algunos elementos infiltrados en las policías Federal, Estatal y Ministerial.

Pero entre todo lo que si se sabe aun falta por descubrirse el destino de los 43 estudiantes desaparecidos, por lo que recomendó a quienes siguen las investigaciones del caso que los esfuerzos deben centrarse en cuál fue la ruta de desaparición de los jóvenes y el destino de los muchachos.

Blanco Cabrera lamentó que la actuación irregular de algunos servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) "afectó y enturbió las indagatorias", pues en las diligencias que realizaron se documentaron violaciones graves a los derechos humanos, pero destacó que la Unidad Especial de la FGR retomó las bases de la investigación que sentó la hoy extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, que en su momento fueron "desestimadas y descartadas por la PGR".